Defendemos una ley de casos y no de plazos. Cuando hay dos bienes jurídicos dignos de igual protección que chocan, debemos acudir al caso ya que la generalización es completamente injusta.
Hay que mantener equilibrio entre los derechos de la madre y del hijo no nacido.
La ley del 85 está aceptada y existe un consenso social. El Tribunal Constitucional ha entendido que es acorde a nuestros principios y normas constitucionales.
La doctrina del Tribunal Constitucional respecto a este tema determina que:
La vida humana concebida merece protección desde el primer momento y es distinta de la vida de la madre.
Esta protección implica para el Estado la obligación de abstenerse de obstaculizar el proceso natural de gestación y la de establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma.
No es admisible un sistema que desconozca en absoluto la vida del hijo. Así, el intérprete constitucional se ve obligado a ponderar los bienes y derechos tanto de la madre como del hijo, tratando de armonizarlos si ello es posible o, en caso contrario, precisando las condiciones y requisitos en que podría admitirse la prevalencia de uno de ellos.
Que el Estado tenga el deber de proteger la vida del feto hace incompatible con nuestra Constitución una situación de desprotección absoluta, como sucedería en una ley de plazos.
En la actualidad existe una doctrina constitucional clara y constante que implica la necesidad de que se proteja la vida del feto y la necesidad de que exista conflicto de valores, se articule un sistema de garantías que evite la desprotección absoluta de la vida del feto. Una ley de plazos no cumple ninguna de estas exigencias básicas por
lo que, según dicha doctrina, debe ser considerada inconstitucional.
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, en declaraciones a los medios en el Congreso, ha manifestado que la reforma de la Ley del Aborto que pretende el Ejecutivo “ha roto muchos consensos básicos sobre esta materia y ha generado una polémica social muy amplia que afecta a personas de muy diferente ideología y pensamiento, como se ha puesto de manifiesto incluso con declaraciones de miembros de esta Cámara y de miembros del PSOE”.
Asimismo, la portavoz parlamentaria del PP ha asegurado que esta Ley “no respeta la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional sobre este asunto” y recordó que dicha doctrina “encontró un punto de equilibrio entre los derechos de la madre y los derechos del concebido y no nacido”.
Según ha declarado la dirigente popular, ante una decisión de esta naturaleza, “quién mejor que los padres, quién mejor que las madres, porqué no decirlo, para poder asesorar, acompañar y ayudar a sus hijas en ese momento a la hora de abordar una decisión de tanto calado”.
En este sentido, ha recordado que hay muchos padres que piden protección para el derecho a la imagen, a la intimidad y al buen desarrollo de la personalidad de sus hijos, por lo que ha advertido que desde el Gobierno tendrían que mirar también “con mucha comprensión a aquellos padres que siguen pidiendo el derecho pero también la posibilidad de cumplir con su obligación de estar al lado de sus hijos y de asesorarles y ayudarles en todo”.
Por último, Sáenz de Santamaría ha afirmado que la reforma planteada por el Gobierno “incumple las recomendaciones en el ámbito de organismos internacionales sobre la necesidad de evitar que el aborto se acabe viendo, y especialmente por los más jóvenes, por los adolescentes, como un método anticonceptivo más”.
Defendemos una ley de casos y no de plazos. Cuando hay dos bienes jurídicos dignos de igual protección que chocan, debemos acudir al caso ya que la generalización es completamente injusta.
