A raíz  de la entrada en vigor del RD 1578/08 de septiembre, el sector fotovoltaico se encontró con un nuevo marco regulatorio que contempla cupos de potencia a instalar trimestralmente con diferentes tarifas de retribución en función del tipo de instalación.

Estos cupos se regulan mediante un registro de preasignacion en el Ministerio de Industria, en el cual han de inscribirse y aportar toda la documentación requerida más el correspondiente aval bancario. Al final de cada trimestre el ministerio ha venido publicando unos listados en los cuales se daba a conocer las instalaciones que quedaban inscritas en dicho registro,  obteniendo estas la autorización para cobrar la prima por los kilovatios producidos.

Hasta abril todo bien, pero, ¿Qué ha ocurrido a partir del cuarto cupo que finalizó en el mes de julio y que  debería haber sido publicado a primeros de octubre?

De la noche a la mañana, el Ministerio de Industria de Miguel Sebastián se sacó de la manga un “decretazo”, a través del cual ampliaba el plazo para publicar los listados definitivos que se debían haber dado a primeros de octubre, hasta el 15 de diciembre. Y que finalmente han sido publicados el día 7, dos meses después de lo que marcaba inicialmente el Real Decreto que lo regula.

Ahora, por si fuera poco, el Ministerio de Sebastián dice, que están estudiando la elaboración de un nuevo Real Decreto de Fotovoltaica que sustituya o modifique el de septiembre de 2008,  sin dar más detalles, lo que vuelve a dar pie a todo tipo de rumores y especulaciones, y lo que es peor, a pérdida de confianza de los inversores lo que supondrá la paralización de sector.  

Estas medidas, que suelen ser aplicadas con nocturnidad y alevosía, tal y como nos tiene acostumbrados el Gobierno socialista, no hace más que estrangular, dar otra vuelta de tuerca, si cabe, al maltrecho sector fotovoltaico al que no le está quedando más remedio que salir fuera de España para impulsar su negocio o echar el cierre.

No se puede estar todo el día predicando un nuevo modelo socio-económico basado en las energías renovables y a su vez actuar con sistemas cortoplacistas que solo sirven para generar incertidumbre y deslocalizar las inversiones hacia otras partes del mundo con las consiguientes pérdidas de empleo y riqueza, tan importantes para nuestra economía en estos tiempos de crisis. Un negocio, este de las renovables, que en el pasado 2008 ha supuesto ya el 0,67% del PIB Español, que ha contribuido fiscalmente en 404 millones de euros, y con un esfuerzo investigador que supera de largo a otras actividades, ya que se dedicó a I+D+i el 6,6% del PIB sectorial en el pasado año, una cifra cinco veces superior a la media nacional, que es del 1,3%.  Y que en términos de creación de empleo, según los últimos datos, son más de 120.000 personas las que se dedican al negocio de las renovables.

Desde el punto de vista medioambiental, el frenazo en la implantación de energías renovables supondrá no conseguir los objetivos que se marcaron para España en el protocolo de Kioto. Según los últimos informes sobre el seguimiento del protocolo, España es el país industrializado que más se aleja de conseguir dichos objetivos. Si se mantiene la actual situación en emisiones de CO2, serán necesarios 1.240 millones de euros para comprar derechos de emisiones y poder cumplir los compromisos acordados.

Hace falta ya una legislación seria al respecto, hace falta una Ley de energías renovables que de estabilidad al sector, con vistas a medio y largo plazo, y no estar legislando a golpe de decretos cortoplacistas que solo generan incertidumbre y dudas. Pero para legislar con seriedad, lo primero que hace falta es un Gobierno con criterio y consecuente con sus decisiones, y eso con este Gobierno socialista que tenemos es imposible, ya que lo único que están es encantados de conocerse, que solo saben hacer política de marketing y foto,  con pactos y leyes carentes de contenido y de soluciones, como la ley de economía sostenible, que lo único que están consiguiendo es hundirnos más en la crisis, más paro y el cierre de la mayoría de las empresas del sector.

 Francisco A. Vizcaíno Miralles

Secretario de Energía del Partido Popular