Antes del 15 de marzo, los ayuntamientos deberán emitir telemáticamente y con firma electrónica a Hacienda una relación de todas las obligaciones de pago. En esta lista constará la identificación del contratista, el importe, la fecha de recepción de la factura y si se ha iniciado o no un trámite judicial por parte de la empresa para su cobro. Los municipios permitirán a sus proveedores consultar la lista y las cuantías que les adeudan. En el caso de que no aparezcan en el listado, podrán reclamar al ayuntamiento que emita un certificado individual, si aportan la documentación necesaria.
Los funcionarios correspondientes que no cumplan con la obligación de emitir estos certificados y las comunicaciones previstas serán sancionados por falta muy grave. Así consta en el proyecto de ley orgánica y en el decreto ley que ayer aprobó el Consejo de Ministros para posibilitar la creación del mecanismo de financiación a los ayuntamientos para el pago a proveedores, así como el otorgamiento del aval del Estado en futuros mecanismos de financiación a todas las administraciones públicas con la finalidad de pagar a proveedores.
Una vez conocida toda la información sobre el montante de las facturas pendientes de pago, la corporación local elaborará antes del 31 de marzo un plan de viabilidad de sus cuentas, que tendrá que aplicar en el periodo de amortización previsto para la operación. Hacienda dispondrá de un mes para evaluar este programa, en el que constará cómo se hará frente a las deudas y las medidas necesarias para garantizar la viabilidad financiera del municipio en cuestión.
Luego se procederá al «diseño» de un mecanismo «ágil» para que los pagos se realicen «en un plazo breve y sin que acarree grandes complicaciones para las pymes y los autónomos afectados». Este plan consistirá en «puntuales garantías» del Estado para que los ayuntamientos paguen esas deudas. Así lo confirmó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros. Por tanto, el Gobierno prevé aprobar en las próximas semanas este mecanismo de financiación a proveedores, vigente en 2012.
Las empresas podrán hacer efectivo el pago de estas facturas en las principales entidades de crédito. Los ayuntamientos financiarán las obligaciones de pago abonadas con una operación de endeudamiento con el suficiente plazo que asegure la viabilidad de la operación.
